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Peligra el río Bravo por explotación de mantos acuíferos
by Rio Grande International Study Center in

Millones de metros cúbicos de aguas que alimentan al río Bravo provenientes del Pecos serán extraídas, transportadas y puesta a la venta, si es aprobada la solicitud de una empresa privada, en el condado texano de Pecos
NUEVO LAREDO.- En un oficio, del que El Mañana tiene copia, el Centro de Estudios Internacionales del Río Grande solicita al Congreso de EU que intervenga y se declare una moratoria urgentemente, para evitar que proceda esta autorización.

Aunque autoridades de la ciudad de Fort Stockton se oponen, poco puede hacer pues es una ley estatal la que permite que una empresa explote mantos acuíferos y no hay restricción para que el agua sacada sea puesta a la venta en otros condados.

El próximo martes 20 de abril se realizará una audiencia pública en esa ciudad.

Los organismos ambientales temen que si se autoriza la extracción y traslado de los mantos acuíferos sentaría un precedente y permitiría que cualquier entidad pueda extraer, transportar y comercializar el agua del Bravo sin importar el impacto que pueda causar a la población fronteriza que depende del agua de este afluente.

“Desde hace más de un siglo, el Estado de Texas ha regulado sus aguas sobre la arcaica “regla de captura”, o “derecho de captura”.

Esencialmente, el propietario del mayor bombeo obtiene el agua que se puede extraer. A partir de esta “regla”, una solicitud ha sido hecha por un particular para extraer 47 mil pies de acre por año de la cuenca del Río Grande- Río Bravo, explica Jay Johnson, director ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande (RGISC por sus siglas en inglés).

Si se autoriza la extracción, significa que podrán sacar el equivalente a 57 millones 973 mil metros cúbicos de agua. Esto es el equivalente a vaciar 20 veces el agua del Laguito de Nuevo Laredo en un año aproximadamente.

En la misiva enviada al congresista estadounidense Henry Cuéllar, le exponen el riesgo potencial que representa y solicitan interceda para que se apruebe una moratoria que proteja el agua, hasta que se realicen estudios sobre el impacto que tendría aprobar a la empresa privada a extraer el agua.

“Le escribimos como nuestro representantes del Congreso, con un llamado urgente para su ayuda en la obtención de una moratoria (contra) la explotación propuesta por una (compañía) privada de las aguas de la cuenca del río Grande”, escribe Johnson.

“Nunca antes una cantidad masiva de agua se ha extraído y transferido fuera de la cuenca y los límites de la CILA. Este es un caso que sienta un precedente.

¿Cómo impacta el espíritu y el propósito del Tratado de 1944?”, enfatiza.

Los representantes de la ciudad de Fort Stockton, una pequeña comunidad con 7 mil habitantes, han sido presionados para que aprueben la solicitud, revela Johnson, debido a que la ley lo permite.

Sin embargo, han unido esfuerzos con el Centro de Estudios Internacionales del Río Grande para pedir ante autoridades federales se proteja el agua, hasta que se realicen estudios ambientales sobre el impacto que tendría esta extracción.

“Juntos, el Consejo Municipal de la Ciudad de Fort Stockton y el RGISC pedimos intervenir y prevenir, este peligroso precedente hidrológico.

Si este permiso es autorizado, otros lo seguirán. El desvío de aguas del Río Grande-Río Bravo –que da vida a 10 millones de habitantes dentro de los límites CILA- sería para desviar el agua lejos de la región de mayor crecimiento en nuestros dos países que depende de este río.

Esta acción se realiza con fines de lucro para una entidad.… Tal acción pondría en peligro el crecimiento a lo largo de la frontera”, expresa Johnson.

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