Buscan vender el agua del río Bravo; peligra subistencia de millones

Acuña, Coah.- Ante la grave amenaza que se cierne sobre la cuenca del río Bravo por la pretensión de la empresa Fort Stockton Holdings, el Distrito del Agua Subterránea celebró en esa pequeña comunidad este martes su primera junta pública integrando un bloque de defensa por la intención de lograr se les autorice extraer 15 mil millones de galones anualmente durante 30 años, para comercializar el agua en varias ciudades de Texas.

Fort Stockton Holdings, es propiedad del magnate texano Clayton Williams Jr., político, ganadero, empresario banquero y quien fue candidato a Gobernador de Texas.

Ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, con su grupo de abogados, Williams ha interpuesto una demanda afirmando que tiene la autorización para extraer 41 millones diarios de la cuenca compartida del río Bravo y el Pecos, que inicialmente destinaría a uso agrícola pero que ahora busca vender a ciudades como Dallas, Midland, Odessa, Austin y San Antonio.

El activista ambiental delriense Jay Johnson Castro, director ejecutivo del Centro de Estudios Internacional del Río Grande, afirma que se han unido organismos y autoridades en la lucha por evitar que se dé esta aprobación para extraer masivamente agua de la cuenca, lo que afectaría a unos diez millones de habitantes de ciudades fronterizas de cinco estados como son Texas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas comunidades, tienen en el Bravo su principal fuente de supervivencia por ser su mayor fuente de abasto del vital líquido.

Este miércoles habría otra junta en Laredo para tratar el caso, afirmando Johnson que este sería un acto discriminatorio en perjuicio de los fronterizos, quizá legal pero no justo, además de que su autorización violaría el Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos que prohibe extraer agua con fines privados o de lucro.

Dijo que el potentado Williams busca que se aplique la antigua ley británica que tiene el estado de Texas de “derecho de captura”, donde quien tenga el mayor equipo de bombeo es quien obtiene toda el agua que pueda extraer, siendo 47 mil pies acres por año los que éste está demandando, incluso ya en la Corte, afirmando que su empresa está actuando legalmente, que ha invertido ya más de un millón de dólares y pidiendo, inclusive, que se sancione a las autoridades de Fort Stockton por no darle la autorización.

Fort Stockton es una pequeña comunidad de apenas 7 mil 500 habitantes y de aprobarse esta petición se afectaría a ciudades desde Acuña hasta Matamoros, desde Del Rio hasta Brownsville, afirmándose inclusive que equivaldría a un ecocidio por los graves e irreversibles daños que se causaría además a la flora y a la fauna.

“El agua es ahora el petróleo azul”, dijo Jay Johnson, ejemplificando que hace cinco años el pie de acre de agua se pagaba en apenas 125 dólares pero actualmente este mismo volumen vale cinco mil dólares, de ahí la ambición de esta empresa por buscar este multimillonario negocio, pero a costa de afectar a millones de residentes fronterizos.

Se viene exhortando a legisladores, agencias ambientales de Coahuila y Texas como la EPA, SEMARNAT, CONAGUA, Departamento del Interior y la CILA, en cuya jurisdicción geográfica entran las cuencas compartidas del Pecos y Bravo, a unirse para evitar esta aprobación.

En México organismos señalan que el país “no se puede quedar cruzado de brazos” y se disponen a participar ante esta amenaza.

Johnson citó también que hace unos ocho años a consecuencia de una intensa sequía el Bravo sin extracción alguna no llegó a desembocar al Golfo, por lo que sería catastrófico que esto ocurriera cuando se aprobara la extracción de una cantidad enorme como son 14 billones de galones de agua, con una concesión criminal por treinta años, que es lo que se busca impedir.

Read from source Here.